Cataluña como síntoma

Martes, 29 Agosto 2017 11:04
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El juego de amenazas y maniobras orquestado alrededor del referéndum independentista de Cataluña sirve de cortina de humo para evitar el verdadero debate que esa iniciativa plantea. Aun en el caso de que en esta ocasión el referéndum no se llegue a celebrar o se celebre y salga un no a la independencia, el hecho es que casi la mitad de la población de Cataluña está hoy por desconectarse del Estado español, algo que al parecer no preocupa al gobierno del PP porque solo desde la despreocupación puede plantearse como respuesta a las reclamaciones independentistas que la única opción es dejar la estructura autonómica del Estado tal y como está. La fórmula de “estas son lentejas, las tomas o las dejas” se convierte, en la versión de la derecha española, en “estas son lentejas y las tomas a la fuerza”.

Las invocaciones al artículo 155 de la Constitución que permite al gobierno hacerse con el control de una autonomía y a la posible intervención del ejército no son gratuitas, forman parte del juego de amenazas y de la preparación psicológica de la población, planteando opciones radicales que luego el gobierno dice que no va a emplear, pero que quedan ya en el horizonte de lo posible, caso de que finalmente se requiera usarlas.

En buena lógica, si la mitad de una comunidad autónoma proclama su deseo de independizarse, más allá de lo acertado o no de esa independencia lo que se está planteando es que el modelo actual de convivencia diseñado por la Constitución está en crisis. Y cuando en política un orden constitucional se manifiesta incapaz de dar cobijo a la diversidad de la nación, lo normal es cambiar la Constitución, no imponer ese orden por la fuerza (ya sea judicial, policial o militar) a quienes no se sienten amparados por él.

El referéndum de Cataluña no es el verdadero problema que España tiene que enfrentar sino el síntoma del  problema que debería discutirse y sin cuya resolución el independentismo no sólo no va a desaparecer sino que puede terminar imponiéndose a la larga: el monopolio de lo español por la derecha centralista más conservadora y la necesidad de un nuevo pacto de convivencia entre todas las naciones que componen el Estado español. Negar la existencia de ese problema es como tapar una olla a presión y dejarla al fuego indefinidamente, una apuesta por el estallido.

Históricamente, el Estado español fue resultado de una asociación de reinos con momentos conflictivos, en la que las legislaciones de los diferentes reinos fueron mantenidas en lo esencial hasta la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII. La abolición de los fueros y la importación del centralismo francés por parte de la nueva dinastía están en el origen mismo de la permanente tensión independentista vivida por el país desde el siglo XIX. A la cual contribuyó no poco la desaparición del imperio, pues la independencia de territorios que se consideraban parte de España, como Cuba, fue vista por los independentistas de los territorios peninsulares como prueba de la posibilidad y legitimidad de sus aspiraciones (baste recordar las fotos del líder independentista vasco Sabino Arana vestido con el uniforme de los mambises cubanos).

El intento de resolver esa tensión, durante la Segunda República, mediante estatutos de autonomía, fue abortado por la guerra civil. Y la larga noche del franquismo supuso la imposición de la peor versión del centralismo mediante una política de terror que tiñó de sangre la palabra España, siempre en boca del dictador y de sus voceros, y supuso la negación violenta de la identidad de las diferentes naciones integradas en el Estado.

Sin entrar en el debate de si habría sido posible una Transición Política distinta de la que se dio tras la muerte de Franco, lo cierto es que en ese momento se recuperó la idea de las autonomías como fórmula para dar expresión a esa diversidad histórica del Estado español negada radicalmente durante la dictadura. Como en tantos otros aspectos, la fórmula constitucional de las autonomías obvió la experiencia de las cuatro décadas de franquismo, tendiendo un puente directo con el fracasado intento autonómico de la Segunda República. Como si la erosión de la idea de España causada por su uso totalitario no hubiera existido. Como si lo vivido en esas décadas no pesara sobre la mentalidad de los españoles de 1978. Como si el miedo acumulado por el recuerdo de la guerra civil y los cientos de miles de desaparecidos del franquismo no fuera un condicionante mayor. Como si no pesara sobre la voluntad de la nación la voluntad armada de un ejército que seguía siendo franquista.

Que la solución autonómica fue una opción transitoria de mínimos, en vez de una verdadera solución al problema de las tensiones independentistas y de la necesidad de un nuevo pacto de convivencia, quedó claro con el golpe de Estado del 23-F, poco más de dos años después de la aprobación de la Constitución, cuyo fracaso militar fue acompañado del “triunfo” golpista de limitar la interpretación constitucional del desarrollo de las autonomías. El miedo de nuevo impuso una versión aún más restringida del modelo autonómico.

Cuarenta años después de su aprobación, el proceso independentista catalán muestra hasta qué punto el modelo autonómico está en crisis y es incapaz de lograr una verdadera estabilidad respecto de los dos territorios históricos cuya identidad nacional fue más sistemáticamente combatida durante el franquismo: el País Vasco y Cataluña.

¿Que los dirigentes independentistas catalanes son unos irresponsables o unos corruptos o unos ineptos? Esa no es la cuestión. Tampoco lo es si los irresponsables, los corruptos o los ineptos lo son los miembros del gobierno español. No se trata de una cuestión de individuos, aunque el carácter y la formación de esos individuos juegan un innegable papel en la manera concreta en que se plantea el problema. Pero, por una vez, habría que pensar en términos que no sean “ad homine”, que no pasen por el insulto y la descalificación.

España tiene un problema histórico pendiente. Después de más de doscientos años de convivencia marcada por la imposición de la visión centralista y muchas veces totalitaria de la derecha conservadora española, hace falta renovar el pacto de convivencia. Salir de la España propiedad de una sola visión (la del conservadurismo español) y entrar en una España resultante de la libre expresión de la voluntad de todas sus naciones de convivir en un nueva marco constitucional que respete sus identidad y no privilegie una opción ideológica. Un nuevo pacto de convivencia. Esa sería la respuesta sensata de un gobierno que lo fuera de todos los españoles y no sólo de aquellos que tienen una ideología conservadora: reconducir la iniciativa de Cataluña hacia el debate de un nuevo marco federal o incluso confederal del Estado. Aceptar que hay que cambiar el marco constitucional porque en el que tenemos ya no cabemos todos: hay millones de catalanes que lo están diciendo a gritos. Alemania es un estado federal. Suiza es un estado confederal. Son naciones sólidas. No hay razón para que España no pudiera serlo también. Lo único es que dejaría de ser propiedad del PP y pasaría a serlo de todos los españoles sin exclusiones. Ya va siendo hora.

Los muertos del PP

Jueves, 13 Julio 2017 11:24
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El Partido Popular ha hecho del homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, una acto de acoso contra la alcaldesa de izquierdas de Madrid, Manuela Carmena. Fundado y presidido hasta su muerte por el ex ministro franquista Manuel Fraga, el PP reproduce fielmente dos patrones ideológicos del fascismo español: la apropiación de la identidad española, que convierte en antiespañol a quien se aparta de su visión de la patria, y la apropiación excluyente del luto.

Habla de víctimas del terrorismo, pero exige trato especial para sus muertos y hace un uso patrimonial del duelo. Como dio el franquismo trato especial a los suyos, levantando el Valle de los Caídos y arrojando a cientos de miles de ejecutados republicanos a fosas comunes clandestinas por toda España. Se entiende bien por qué al PP le preocupa tanto una pancarta por su concejal muerto y tan poco desenterrar a las víctimas del régimen del que proviene.

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La decisión de Podemos de no invitar a seis medios de comunicación a un desayuno restringido off (o sea, con compromiso de no reproducir lo que en él se hable) ha hecho que la Asociación de la Prensa de Madrid cargue de nuevo contra este partido en una nota de prensa. Hace unos meses, esa asociación acusaba a Podemos de amenazar a periodistas, sin aportar prueba alguna de dichas “amenazas”. Y en su nota habla de “veto” y de “exclusión”, como si la invitación a esos medios fuera obligatoria.

Reuniones off restringidas las hacen las más diversas fuerzas políticas, al igual que conceden entrevistas a unos medios sí y a otros no sin que la asociación se indigne. Lo que debería ser organismo de defensa profesional se ha convertido en herramienta de acoso político contra Podemos. Lo irritante es que este doble rasero, que revela una militante inquina ideológica, se aplique hipócritamente en nombre de la profesión periodística.

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La izquierda que ha votado a Macron para impedir el triunfo de Marine Le Pen no debe conceder al nuevo presidente ni un día de respiro. La ambigüedad calculada de este oportunista de la política le ha servido para llegar al poder sin pertenecer a ningún partido tradicional. Ahí ha estado su fuerza. Ahí está también su debilidad.

Francia le ha cerrado la puerta al fascismo (porque eso representa el FN, aunque los grandes medios lo enmascaren recurriendo al concepto-papelera de “populismo”). La izquierda alternativa ha cumplido un primer deber: permanecer fiel a la lucha antifascista. Con una generosidad hacia su adversario ideológico que cabría preguntarse si habría sido recíproca si fuera Mélanchon quien hubiera pasado. La tarea ahora es desplazar del gobierno al neoliberalismo en las próximas elecciones con una oposición que presente un modelo social diferente y evite que la desesperanza siga dando alas al FN.

 

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Con la tozudez de los prejuicios y la arrogancia de los puros de espíritu, buena parte de los seguidores de Mélenchon afirma que va a abstenerse o votar en blanco en la segunda vuelta de las presidenciales francesas.  Su equiparación de Marine Le Pen con Macron (en vez de anunciar un voto a éste con aviso de oposición a sus políticas) recuerda al discurso de los comunistas alemanes de los años 30 equiparando a socialdemócratas y nazis. Ya se sabe el resultado. Y la izquierda alternativa francesa tendrá que responder ante la Historia si con su actitud permite la victoria del Frente Nacional.

Anteponer la pureza del voto anti-neoliberal a la defensa de los intereses concretos de los millones de personas que sufrirían discriminación y persecución en una Francia lepenista (la mayoría de ellas inmigrantes) puede llevar a la nueva izquierda francesa a una cruel paradoja: la de caer en el más viejo de los errores, el sectarismo.

*Link a la noticia sobre la intención de voto de los seguidores de Mélanchon:http://www.eldiario.es/internacional/Francia-Insumisa-blanco-frente-Pen_0_639386680.html

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Las sensatas críticas de la fiscal general de Venezuela y del presidente Maduro a la resolución del Tribunal Supremo, por la que éste se arrogaba las competencias del parlamento dinamitando la división de poderes del Estado, han hecho que el órgano judicial dé marcha atrás en su disparate. La democracia sale fortalecida con esa vuelta al respeto institucional.

Pero la situación de tensión entre los órganos del Estado dirigidos por chavistas y los dirigidos por antichavistas permanece. La propuesta de parlamentarios de la oposición de cargar contra los jueces del Supremo echa leña a un fuego que ambas partes alimentan irresponsablemente, con una escalada de feroces descalificaciones tras las últimas elecciones presidenciales y legislativas, y que la pretensión intervencionista de la OEA sólo ha agravado. El gesto conciliador del ejecutivo debería recibir una respuesta también sensata desde la oposición.

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Tras las últimas elecciones, Venezuela ha vivido un pulso político sin escrúpulos entre el chavismo, para cuestionar la legitimidad del parlamento electo, y la oposición, para destituir al presidente de la república electo. Ahora, el Tribunal Supremo retira las competencia al parlamento venezolano acusándolo de desacato y asume sus funciones, en un disparate político y legal que sólo puede ser calificado como golpe de estado, pues anula a uno de los tres poderes −el legislativo−, emanado directamente de la voluntad popular (cosa que cabe aplicar también al presidente electo, por más que la oposición haya querido ignorarlo hasta ahora), y altera el orden constitucional al ser el poder expoliado el que representaba la pluralidad política de la nación.

La oposición venezolana lleva años gritando dictadura, cuando no había tal. Ahora que de verdad llega, les sucede como en el cuento del lobo: nadie les hace caso.

La prensa, Podemos y el boomerang

Viernes, 10 Marzo 2017 10:09
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El comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid denunciando presiones y amenazas de Podemos a periodistas, que en teoría debería ser un de acto de defensa de periodistas, se ha convertido en una autoacusación de las carencias del periodismo español de hoy. El secretismo de su contenido (se acusa sin nombrar a los acusadores, sin nombrar a los acusados –porque son personas las que han proferido las supuestas amenazas y no se ha acreditado ninguna resolución de los órganos de dirección de un partido que propugne su uso− y sin aportar las pruebas) desvirtúa radicalmente su propósito formal. E invocar el secreto profesional en este caso es un despropósito. En primer lugar, porque la APM no es un medio de comunicación y su tarea no es informativa. En segundo, porque las denuncias sin pruebas ni nombres de acusadores son propias de los tiempos de la Inquisición, no de la sociedad de un Estado de derecho.

El secreto convierte lo que debería ser una denuncia, contra quienes se supone que han amenazado a periodistas, en una herramienta para de amenazar a un partido político, que casualmente es especialmente crítico con los poderes económicos que, como ya se ha acreditado reiteradamente, condicionan y manipulan el periodismo español de hoy. La dirección de la APM tenía que ser consciente de eso cuando tomó la decisión de arremeter contra Podemos como fuerza política y no contra los autores de las amenazas. Si lo era, el comunicado revela un inaceptable servilismo a los poderes fácticos. Si no lo era, es prueba de una irresponsabilidad que cuestiona su capacidad para defender los intereses de una profesión tan maltratada.

La única forma de reparar el daño es poner las denuncias concretas sobre la mesa, hacer pesar las palabras y las actitudes, de modo que se pueda valorar el alcance de las amenazas, si las hubo, amparar efectivamente a quienes las sufrieron y exigir a quienes los amenazaron que cesen en su actitud y a los responsables de los medios de comunicación para los que trabajaban esos periodistas, que defiendan a sus trabajadores frente a amenazas de terceros (para defenderlos frente a las amenazas que vienen de la propia empresa editora se supone que debería estar la APM). Y en adelante, proceder a una defensa de oficio de los periodistas frente a las presiones y amenazas recibidas desde las instituciones y desde las diferentes fuerzas políticas, empresariales, sociales o religiosas, y no sólo frente a las que puedan realizarse desde un determinado grupo político que incomoda a los propietarios de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Porque la doble vara de medir es la que tiñe de hipocresía un acto que debería de ser de defensa profesional y lo transforma en un boomerang contra la profesión.

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La muerte del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, evidencia una vez más la distancia que hay entre la realidad y los sueños. Pocos esfuerzos liberadores han sido más justificados y han despertado mayor entusiasmo que el iniciado en 1959. Su intento de dotar a Cuba de justicia y de voz propia independiente en el mundo forma ya parte del acervo de progreso de la Humanidad.

De igual modo, la deriva autoritaria del régimen revolucionario bajo la Guerra Fría y los errores voluntaristas de sus dirigentes, que tanto desgaste han producido en la población de la isla, advierten de cara al futuro sobre los peligros de un socialismo sin pluralismo. Cuba es una nación soberana con innegables avances sociales. También es un país lastrado por la falta de crítica interna plural indispensable para evitar o corregir abusos. Conciliar justicia social y pluralismo democrático es el reto de la Cuba que deja a su muerte.

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Las manifestaciones contra la elección de Trump en diversas ciudades de EE.UU reflejan más que una simple frustración. Ahora vencedor y derrotada hablan de unidad, pero estas elecciones han mostrado al mundo una democracia herida en el corazón: Clinton ha obtenido 500.000 votos más que su rival y no va a ser la presidente del país. El perdedor es quien va a serlo. Y eso es posible porque la voluntad popular, base de la democracia, es deformada por un sistema electoral aberrante aceptado por el stablishment de ambos partidos pero que traiciona el mandato de los ciudadanos.

Hay incluso una iniciativa de improbable éxito para exigir a los representantes republicanos en el Colegio Electoral que respeten la voluntad mayoritaria y elijan presidente a la candidata que fue más votada. Lo que sí parece claro es que un gobierno nacido de semejante manipulación no va a tener legitimidad para dar lecciones de democracia a nadie.

*Link a la iniciativa para pedir que el Colegio Electoral elija al candidato que más votos tuvo: https://www.change.org/p/electoral-college-electors-electoral-college-make-hillary-clinton-president-on-december-19?recruiter=1216582&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg