Tras las últimas elecciones, Venezuela ha vivido un pulso político sin escrúpulos entre el chavismo, para cuestionar la legitimidad del parlamento electo, y la oposición, para destituir al presidente de la república electo. Ahora, el Tribunal Supremo retira las competencia al parlamento venezolano acusándolo de desacato y asume sus funciones, en un disparate político y legal que sólo puede ser calificado como golpe de estado, pues anula a uno de los tres poderes −el legislativo−, emanado directamente de la voluntad popular (cosa que cabe aplicar también al presidente electo, por más que la oposición haya querido ignorarlo hasta ahora), y altera el orden constitucional al ser el poder expoliado el que representaba la pluralidad política de la nación.

La oposición venezolana lleva años gritando dictadura, cuando no había tal. Ahora que de verdad llega, les sucede como en el cuento del lobo: nadie les hace caso.