Hoy, 1 de octubre de 2017, en las calles de Cataluña el gobierno de España ha herido de muerte a la Constitución de 1978. De ahora en adelante, ésta continuará vigente con la inercia de un zombi. Falta por saber cuánto durará su duelo de muerto viviente y qué precio habrá que pagar hasta que España se dote de una nueva Constitución que responda a la realidad de la sociedad española, la de hoy, no la de la Transición, y permita la libre y voluntaria convivencia de todos sus ciudadanos en todos sus territorios.
El referéndum de Cataluña es claramente un referéndum ilegal, convocado de manera irregular y con una grave falta de garantías (que el gobierno español se ha encargado que sea absoluta al impedir cualquier forma de verificación). La votación que se quería celebrar hoy era pues un acto sin consecuencias jurídicas, sin valor legal alguno: es la mera expresión de opinión de una gran parte de la sociedad catalana en un país cuya Constitución teóricamente defiende la libertad de expresión. Una vez celebrado el referéndum ilegal, a los tribunales les correspondería juzgar los posibles delitos de prevaricación y malversación o desvío de fondos públicos en que hubieran podido caer quienes lo organizaron siendo plenamente conscientes de su carácter ilegal.
Hasta ahí, la reacción ante la convocatoria del referéndum ilegal habría sido lógica y legítima. Y la participación en él de la ciudadanía no pasaría de una mera manifestación de opinión. Pero el gobierno del PP, con el apoyo del PSOE y de esa rémora que lleva pegada llamada Ciudadanos, ha optado por una acción que puede ser legal, por venir respaldada por organismos judiciales, pero que es clamorosamente ilegítima porque dinamita la base de convivencia de todos los españoles y las garantías que la Constitución debe proteger: además de amenazar con castigar a los organizadores del referéndum, el gobierno ha decidido reprimir a los ciudadanos, arrebatarles urnas y votos, expulsarlos de los lugares de voto, usar la fuerza para impedir violentamente que manifiesten su opinión. Porque de eso se trataba realmente hoy: de manifestar una opinión que, por las decisiones judiciales adoptadas, carecía de cualquier trascendencia legal.
Si lo que votaran hoy los catalanes no tenía fuerza legal, ¿para qué entonces el despliegue de represión preventiva montado por el gobierno? ¿Por qué enviar la policía contra los votantes este 1 de octubre? La respuesta no puede ser más desoladora: porque no se trata de impedir la proclamación unilateral de independencia de Cataluña, sino de impedir que se vea cuál es el respaldo que la opinión pública catalana da a la reclamación de reformular la relación de Cataluña con el resto del Estado español. El gobierno de España no está reprimiendo un delito de sedición, está reprimiendo la libertad de expresión de los ciudadanos catalanes. Y la libertad de expresión es uno de los valores supremos que en teoría debe consagrar la Constitución.
Pero cuando una Constitución niega el derecho de expresión al 80% de los ciudadanos de una de las comunidades que forman parte del Estado, esa Constitución ha perdido su razón de ser, ya no es la norma que permite convivir a los ciudadanos sino un instrumento para reprimir a buena parte de ellos.
El verdadero problema que el PP no quiere afrontar y sobre el que se niega a negociar es la necesidad de un nuevo encaje de carácter federal o confederal de los territorios del Estado en la Constitución. Y es su negativa a esa negociación la que ha llevado la situación a estos extremos. El 80% de los catalanes (independentistas y no independentistas) quiere poder mostrar cuál es su voluntad sobre ese problema y el gobierno de España se lo impide por la fuerza. Es un problema histórico irresuelto y, como todos los problemas cuya existencia se niega, el paso del tiempo no hace sino agravarlo. Un problema político al cual el gobierno no ha dado una respuesta política sino policial, una respuesta autoritaria.
El colmo de ese autoritarismo ha sido la actuación del Tribunal Constitucional, órgano judicial que debe velar por el respeto a la Constitución de las normas legales y que se ha convertido, por obra de la reforma de sus funciones decretada por el PP, en un órgano más de represión del Estado, una especie de guardia civil judicial que no sólo dicta sentencias sobre la constitucionalidad de las normas sino que impone castigos. Una aberración legal y, sobre todo, una aberración política que demuestra que la Constitución ha dejado de ser la casa de todos para convertirse en la jaula donde todos estamos encerrados. Y es el gobierno de España, con la ayuda de un Tribunal Constitucional manipulado y moldeado a la medida de los intereses del PP, quien ejerce de carcelero.
En una democracia, una Constitución que deja de ser norma de convivencia para transformarse en arma de represión pierde su sentido político. Y es el sentido político el acto fundacional que hace entrar en vigor a las constituciones. El ordenamiento legal es consecuencia de aquél, no al revés.
Hoy, 1 de octubre de 2017, en las calles de Cataluña el gobierno de España ha herido de muerte a la Constitución de 1978. De ahora en adelante, ésta continuará vigente con la inercia de un zombi. Falta por saber cuánto durará su duelo de muerto viviente y qué precio habrá que pagar hasta que España se dote de una nueva Constitución que responda a la realidad de la sociedad española, la de hoy, no la de la Transición, y permita la libre y voluntaria convivencia de todos sus ciudadanos en todos sus territorios. Pero si esto no llega a suceder, este 1 de octubre no marcará sólo la fecha de caducidad de la Constitución del 78, será también el día en el que el autoritarismo, la torpeza y la cobardía política de Mariano Rajoy empujaron a la mayoría de los catalanes en brazos del independentismo.