El comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid denunciando presiones y amenazas de Podemos a periodistas, que en teoría debería ser un de acto de defensa de periodistas, se ha convertido en una autoacusación de las carencias del periodismo español de hoy. El secretismo de su contenido (se acusa sin nombrar a los acusadores, sin nombrar a los acusados –porque son personas las que han proferido las supuestas amenazas y no se ha acreditado ninguna resolución de los órganos de dirección de un partido que propugne su uso− y sin aportar las pruebas) desvirtúa radicalmente su propósito formal. E invocar el secreto profesional en este caso es un despropósito. En primer lugar, porque la APM no es un medio de comunicación y su tarea no es informativa. En segundo, porque las denuncias sin pruebas ni nombres de acusadores son propias de los tiempos de la Inquisición, no de la sociedad de un Estado de derecho.

El secreto convierte lo que debería ser una denuncia, contra quienes se supone que han amenazado a periodistas, en una herramienta para de amenazar a un partido político, que casualmente es especialmente crítico con los poderes económicos que, como ya se ha acreditado reiteradamente, condicionan y manipulan el periodismo español de hoy. La dirección de la APM tenía que ser consciente de eso cuando tomó la decisión de arremeter contra Podemos como fuerza política y no contra los autores de las amenazas. Si lo era, el comunicado revela un inaceptable servilismo a los poderes fácticos. Si no lo era, es prueba de una irresponsabilidad que cuestiona su capacidad para defender los intereses de una profesión tan maltratada.

La única forma de reparar el daño es poner las denuncias concretas sobre la mesa, hacer pesar las palabras y las actitudes, de modo que se pueda valorar el alcance de las amenazas, si las hubo, amparar efectivamente a quienes las sufrieron y exigir a quienes los amenazaron que cesen en su actitud y a los responsables de los medios de comunicación para los que trabajaban esos periodistas, que defiendan a sus trabajadores frente a amenazas de terceros (para defenderlos frente a las amenazas que vienen de la propia empresa editora se supone que debería estar la APM). Y en adelante, proceder a una defensa de oficio de los periodistas frente a las presiones y amenazas recibidas desde las instituciones y desde las diferentes fuerzas políticas, empresariales, sociales o religiosas, y no sólo frente a las que puedan realizarse desde un determinado grupo político que incomoda a los propietarios de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Porque la doble vara de medir es la que tiñe de hipocresía un acto que debería de ser de defensa profesional y lo transforma en un boomerang contra la profesión.