En estas semanas se especula con los posibles gobiernos resultantes de las últimas elecciones generales y con la posibilidad de que ninguno de ellos llegue a cuajar y haya que ir a nuevos comicios.

Dejando de lado al PP, que ya ha mostrado por activa y por pasiva su inmovilismo, los demás partidos nacionales (PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida) hablan de la necesidad de un cambio. Pero si hay algo que resulta claro del actual estatus político en España es que ese cambio (en realidad, cualquier cambio con un mínimo de profundidad) es imposible mientras se mantengan las dos principales reglas actuales que condicionan el juego político, porque están diseñadas precisamente para que nada cambie.

¿Qué reglas son esas?: La ley electoral, que transforma votos en diputados mediante un sistema injusto y desproporcionado, y la exigencia de que cualquier reforma constitucional pase por el Senado, en el que esa desproporción es todavía mayor y que está diseñado para que la sobrerrepresentación de las provincias más conservadoras asegure a la derecha más radical la posibilidad de taponar cualquier reforma que no coincida con sus intereses.

El resultado de ambas reglas es que los españoles expresan su voluntad política con su votos, como detentadores de la soberanía nacional, pero por arte de birlibirloque las instituciones nacidas de esos votos no representan proporcionalmente lo que los ciudadanos españoles han votado, sino que se premia arbitrariamente a unos partidos otorgándoles un porcentaje de diputados mayor que su porcentaje de votos y se castiga a otros dándoles un porcentaje de diputados escandalosamente menor que su porcentaje de votos.

Existen pues las condiciones para un divorcio estructural en España entre ciudadanía e instituciones pues el número de diputados que cada partido político tiene en éstas no se corresponde con el número de votos que ese partido ha obtenido en las elecciones. La actual crisis política española es la consecuencia de esa distorsión estructural.

En esas circunstancias, la mejor opción hoy para la sociedad española sería un gobierno de transición con una duración fijada, que podría ser de seis meses, y con un único objetivo: reformar la ley electoral y convocar nuevas elecciones para que, por una vez, la España institucional resultante de éstas represente a la España ciudadana que acude a votar.

Y en esas nuevas elecciones, habida cuenta que el Senado no sirve en realidad más que para taponar las reformas constitucionales, sería una buena idea que, aunque cada partido se presente por separado al Congreso de Diputados, los partidarios de un cambio real en España se presentaran en una única candidatura al Senado (y en este caso me estoy refiriendo a PSOE, Podemos e Izquierda Unida), para acabar de una vez con la supremacía en éste de la derecha. Si lo consiguen, el primer paso a dar por el gobierno que surja de las nuevas elecciones debería ser la supresión del Senado, tal y como se acaba de aprobar muy razonablemente en Italia.

La distorsión a la que someten a la vida política española las actuales reglas del juego hace que este no sea el momento de hacer todos los cambios que el país necesita, sino el de hacer el primer cambio imprescindible para que todos los demás sean posibles.